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Salud Ambiental y humana: avances y desafíos desde el diálogo sociedad civil y Estado

Escribe: Milushka Rojas Mezarino.

El Perú es caracterizado por autores y grupos como un país netamente minero, extractivista, o dependiente de la gran inversión en el sector de minería e hidrocarburos. No obstante, aunque esta clasificación pueda ser relativa al mirar los reportes de las principales actividades económicas que aportan al PBI nacional; los impactos o externalidades de estas actividades económicas deberían llamar la atención de autoridades y ciudadanos por los alarmantes índices de riesgo de la salud ambiental y humana que presenta en el país.

En 2020, el Ministerio de Salud (MINSA) reportó que el riesgo de exposición a contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas tóxicas afecta a más de 10 millones de personas, al 31.15% de personas a nivel nacional. Además, indicó que en regiones donde se desarrollan estas actividades también puede observarse que la exposición a metales pesados va acompañada de la exposición a arsénico (metaloide nocivo para la salud) y petróleo crudo.

Reserva Nacional de Tambopata afectada por la minería ilegal. Foto: Ministerio del Interior (Mininter).

En un mundo donde además la degradación climática tiene serios impactos, la gestión del desarrollo sostenible no puede simplificar la recuperación económica o el incremento de recursos fiscales anunciando la reducción de la “permisología” elevando los riesgos en la salud y modos de vida de los territorios en los que se desarrollan estas actividades.

En el Informe Defensorial “En defensa de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas: Los impactos de la contaminación ambiental (2021)” se señala que existen regiones con más del 50% de la población expuesta (Lambayeque, Ucayali, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Callao, Amazonas, Puno, Pasco). De estos grupos los más vulnerables son niños menores de 5 años, adultos mayores y embarazadas. A julio de 2021, los pasivos ambientales mineros llegaban a la cifra de 7,668, y los pasivos ambientales de hidrocarburos a 3,231.

Si bien desde marzo de 2018 existe la Política nacional para la atención integral de las personas expuestas (R.M. N° 168- 2018/MINSA), llama la atención la denuncia de la Defensoría del Pueblo en 2021: “aunque el 83% de las DIRESAS/GERESAS/DIRIS reportó haber identificado factores de riesgo de exposición a metales pesados, metaloides y sustancias químicas, solo 5 DIRESAS/GERESAS cuentan con un plan”. El 83% de DIRESAS/GERESAS/DIRIS en 20 regiones no contaba con un Plan de Acción Integral aprobado en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP.

Estas y otras condiciones relativas a la salud ambiental y humana siguen motivando no solo protestas, sino también la articulación de la sociedad civil afectada. En 2017 líderes y lideresas de comunidades afectadas por la contaminación por metales acordaron formar una plataforma o espacio de lucha desde el cual hacer incidencia en favor de sus casos. Las limitaciones detectadas en los intercambios de experiencias en los ámbitos local y regional hacían notar la falta de políticas nacionales específicas que dieran prioridad a la problemática, plantearan atenderla de manera articulada y contextualizada. La asignación de responsabilidades sectoriales, y de los gobiernos regionales y locales era ambigua.

Al clamor de la incidencia de la sociedad civil, en julio de 2020, se crea la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (Resolución Suprema Nº 034-2020- PCM y su modificatoria RS N° 007- 2021-PCM). Dicha comisión tenía como mandato elaborar un informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, incluyendo estrategias de prevención, remediación, mitigación y control de la exposición a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

En mayo 2021 se aprobó la Ley N° 31189, Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Dicha ley mandata a) al Primer Consejo de Ministros y al MINSA la definición de los actores y de los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas; b) declara de interés nacional la atención prioritaria en la salud de las personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas; y c) encarga la elaboración de su reglamento en el plazo de 90 días después de su promulgación.

La contaminación ambiental del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Fotografía de Giuliano Koren/AIDA.

En julio de 2021, tras un año de instalada la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, se logró culminar el “Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas” (PEM). El cual fue aprobado por el presidente de la República y el Consejo de ministros mediante el Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM en diciembre del mismo año.

El PEM definió tareas concretas organizadas en 3 ejes estratégicos: Gestión de la calidad ambiental para la mejora de la salud de las personas (1), Gestión integral de la salud y saneamiento (2), e Institucionalidad (3). Este último incluyó la creación de una comisión de seguimiento de su implementación. Así se Estableció objetivos y actividades para una actuación articulada de los sectores del Ejecutivo, señalando qué tareas deberían cumplir en un plazo de 5 años. Además, se creó una Comisión de seguimiento del plan.

El primer eje del Plan mandata a los sectores y niveles de gobierno a 1) identificar las zonas afectadas por la contaminación y priorizar su riesgo, y 2) reducir el riesgo e implementar acciones de remediación. Es decir, a elaborar un diagnóstico nacional de las zonas contaminadas y presentar técnicamente la calificación de los niveles de riesgo de las mismas. A la vez, generar mecanismos para controlar las fuentes de contaminación, hacer uso de nuevas tecnologías o innovaciones para mejorar la vigilancia ambiental e implementar acciones de remediación de las zonas afectadas. Estas actividades deben considerar a la sociedad civil en todas las etapas, incluida la actualización de los documentos normativos.

El segundo eje, mandata principalmente a los sectores salud, agricultura, producción, vivienda y niveles de gobierno a 1) identificar a la población expuesta y afectada para su atención; 2) realizar la vigilancia sanitaria (epidemiológica y nutricional) y la inocuidad alimentaria; 3) ampliar y mejorar el saneamiento en las zonas priorizadas (agua segura y potable, tratamiento de aguas residuales y desechos); y 4) fortalecer capacidades y competencias de prestadores de servicios de agua. Dicho de otra forma, identificar fuentes de exposición, población expuesta, potencialmente expuesta. Realizar análisis periódicos de la salud y epidemiológicos a nivel regional con relación a la exposición o afectación por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Actualizar documentos normativos y fortalecer capacidades de los sectores, niveles y sociedad civil en función de estos mandatos.

Tercer eje, mandata a los sectores, niveles y sociedad civil a 1) articular esfuerzos para mejorar políticas, instrumentos técnico normativos y programas públicos para la implementación del PEM; 2) elaborar mecanismos de evaluación, seguimiento, y comunicación; y 3) gestionar mecanismos de financiamiento intersectorial, programas presupuestales concernidos a la atención, prevención y mitigación articulada e integral de la contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Es decir, el diagnóstico de la situación normativa para la atención articulada e integral de la problemática, la elaboración de un protocolo de respuesta inmediata ante emergencias ambientales y sanitarias, la elaboración de informes de cumplimiento del PEM, el fortalecimiento de programas asistenciales y de protección social, un diagnóstico de instrumentos y fuentes de financiamiento, propuestas de financiamiento y proyectos de inversión pública o privada.

Lo trascendente del plan es la definición de las demandas de articulación y definición de responsabilidades señaladas por la Plataforma nacional de afectados y afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas del Perú y sus aliados.

En diciembre de 2022, a casi un año de la creación del PEM, mediante el Decreto Supremo Nº 129-2022-PCM se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de realizar el seguimiento a la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de las entidades de los tres niveles de gobierno; así como a la implementación del Plan Especial Multisectorial, aprobado por Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM. El deber de esta Comisión permanente es hacer el seguimiento del cumplimiento de la Ley N° 31189 y el PEM, elaborar un plan de trabajo, y el reglamento interno de la Comisión en el plazo de 30 días después de la instalada la comisión.

En mayo de 2023, un año después de su entrada en vigencia, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2023-SA se crea el Reglamento de la Ley N° 31189. El reglamento de la ley hace importantes precisiones que permitirán implementar con mayor claridad la Ley N° 31189 y el PEM en los niveles de gobierno y por los sectores responsables.

El reglamento reconoce y articula los procesos de implementación del PEM y la Ley N° 31189, e indica el carácter obligatorio de sectores y los gobiernos de implementar la Ley en sus jurisdicciones e instrumentos de gestión (Planes estratégicos institucionales, planes operativos, acciones estratégicas y actividades; mecanismos y procedimientos de participación ciudadana, Comités multisectoriales distritales de salud, Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan de Salud de la RIS y Planes de otras instituciones de los sectores, proyectos de inversión), interinstitucional e intergubernamental. El reglamento también determina la transversalidad de los determinantes de la salud, los enfoques basados en derechos humanos, género, intercultural, territorial, entornos saludables; define qué es la contaminación y el concepto “metales y otras sustancias químicas” que maneja la Ley; el Padrón nominal, quién es la persona expuesta  y la “persona afectada”, la prevención primordial, primaria, secundaria terciaria y cuaternaria; determina la existencia de la Red Integral de Salud (RIS) para la atención de casos; y remarca el derecho de participación ciudadana y los mecanismos a ser creados en todos los momentos de intervención y en la evaluación.

El reglamento define los roles de las entidades públicas, mandata a los sectores a fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental, e incorpora al Ministerio de Educación en la prevención de la contaminación. Señala el rol rector en salud del MINSA y su obligación de elevar a la agenda política nacional la atención de la problemática de contaminación por metales y otras sustancias químicas. Sobre las DIRESA/GERESA/DIRIS , subraya la obligación de desarrollar competencias profesionales, incorporar la norma en sus planes y programar metas de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, señala la necesidad de implementar laboratorios químico-toxicológicos, proyectos de inversión y mapas de riesgos de salud asociados a factores ambientales. En suma, esta la obligación de conformar el Equipo Multidisciplinario de Salud y la RIS para garantizar la atención de las personas expuestas y afectadas. Remarca que el cuidado integral en salud, en casos de exposición a MPOSQ, se brinda de manera gratuita en el establecimiento de salud que corresponda, y es financiado por la correspondiente IAFAS a la que se encuentre afiliado la persona usuaria. El Equipo Multidisciplinario es un actor clave para el diagnóstico y contacto con la población expuesta y afectada.

Finalmente, establece la creación del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC- MINSA). El cual incorporará la información del Padrón Nominal de seguimiento de personas expuestas a MPOSQ y será alimentado por la información proveniente de las DIRESA/GERESA/DIRIS a través de una plataforma informática. Cumpliendo con las normas de acceso a la información y otras pertinentes a este tipo de registro. La información del registro permitirá obtener datos estadísticos para el seguimiento de las personas afectadas. El registro deberá ser implementado en el plazo de 90. Es decir, a inicios del mes de setiembre 2023.

A pocos días de conmemorar un año más del Día Mundial del Ambiente, podemos observar que los avances normativos mencionado se encuentran relegados o son casi nulos. Al reciente cambio de funcionarios y autoridades informadas o capacitadas por los sectores Salud y Ambiente para implementar el PEM en 2022, se sumó el resquebrajamiento de los pocos atisbos de confianza generados en años anteriores. En reacción a los hechos de violencia, hasta mediados de mayo 2023, el diálogo entre la Plataforma nacional (sociedad civil) y el Estado (la Comisión permanente) se paralizó.

Un poblador kukama de Cuninico muestra los estragos del derrame en el ecosistema que lo rodea. Foto: Daniel Martínez-Quintanilla.

Retomarlo requiere integrar las históricas razones de las y los afectados a la proyección del desarrollo sostenible y de la explotación de recursos. No se trata de seguir enarbolando desde el Ejecutivo o Legislativo el discurso del “perro del hortelano”, sino de comprender e integrar al diálogo la sostenibilidad ambiental, la empatía de las autoridades y de las regiones que no cargan con los pasivos ambientales y las amenazas a la salud humana. Las herramientas señaladas orientan el camino, llegar a ellas no ha sido sencillo. El Estado central y sus niveles de gobierno deben priorizar el articularse, gestionar los recursos existentes e incrementar su competencia para cumplir la Ley N° 31189 y el PEM.

Seguridad Alimentaria en el Perú: El impacto en la mesa de los ciudadanos

El Perú, reconocido mundialmente por su rica gastronomía, enfrenta una paradoja alarmante: es el país con la mayor tasa de inseguridad alimentaria de Sudamérica. La situación se ha agravado en 2026, con una inflación que supera el 4% y presiones adicionales sobre los precios de los alimentos que golpean directamente la mesa de los hogares más vulnerables. La magnitud del problema sigue siendo crítica. La Universidad del Pacífico advierte que más de 16 millones de peruanos enfrentaron inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023, y el país mantiene el índice más alto de la región, superando el promedio latinoamericano y duplicando ampliamente los registros de países como Colombia y Chile. La inseguridad alimentaria en su forma más severa afecta a más del 20% de los peruanos, y la anemia sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del país. La agricultura familiar, pilar fundamental de los sistemas agroalimentarios nacionales, abastece la mayor parte de alimentos que consumen los hogares peruanos, pero enfrenta serias limitaciones estructurales.

Inflación anual en Lima alcanza 4,01%, el nivel más alto en más de dos años | Fuente: La República

En junio de 2026, la inflación anualizada en Lima Metropolitana alcanzó el 4.01%, el nivel más alto desde octubre de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos como pescados, frutas y huevos. Los principales incrementos en junio 2026 fueron: bonito 48.7%, mango 27.2%, manzana Israel 22.8%, jurel 18.1%, choclo 14.4%, papaya 14.0% y huevos de gallina 4.5%, según datos del INEI. El principal responsable de estas alzas ha sido el impacto climático. Las anomalías en la temperatura del mar redujeron la disponibilidad de especies para consumo directo, elevando los precios del pescado y los mariscos un 16.8% durante junio. El oleaje anómalo y las altas temperaturas del mar generaron un “shock de oferta” puntual en el sector pesquero.

La amenaza del Fenómeno de El Niño para el segundo semestre es la principal preocupación. Los analistas proyectan que su impacto en la producción agrícola y pesquera podría generar nuevas presiones inflacionarias, especialmente en productos sensibles como arándanos, uvas, mango y recursos pesqueros. Incluso un eventual deterioro de las carreteras podría encarecer el transporte interprovincial, afectando los precios finales de los alimentos en los mercados urbanos.

Otro factor crítico es la dependencia de fertilizantes importados. El Perú importa aproximadamente 900 mil toneladas anuales de fertilizantes, evidenciando una alta vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional. La concentración de proveedores agrava el riesgo: más del 40% proviene de Rusia, más del 20% llega desde China y cerca del 15% desde Estados Unidos. La urea representa el 43% de los fertilizantes utilizados en el país. La crisis en Medio Oriente ha generado un nuevo shock, con incrementos en los precios de los fertilizantes que alcanzan hasta el 28%. “Al subir los fertilizantes inevitablemente se incrementarán los precios de los alimentos agropecuarios que consumimos”, advirtió Luis Cruz Cuadros, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano. Estos insumos representan entre el 15% y el 20% de la estructura de costos en muchos cultivos, por lo que cualquier variación en su precio tiene un efecto directo en el costo final de los alimentos.

El estudio de la Universidad del Pacífico revela que la inseguridad alimentaria no es una fatalidad geográfica ni económica, sino el resultado de décadas de intervenciones fragmentadas, recursos mal asignados y una institucionalidad débil. Los factores principales identificados son: baja productividad agraria, mala focalización de los programas alimentarios, ausencia de servicios básicos como agua potable y energía para la correcta preparación de alimentos, y débil institucionalidad con falta de enfoque multidimensional en las políticas existentes. La respuesta ciudadana ha sido organizarse a través de ollas comunes, que actualmente superan las 4.500 en todo el país, un testimonio de la profundidad de la crisis pero también de la solidaridad y capacidad de autogestión de las comunidades.

Frente a este escenario, la Agenda 2026, iniciativa de la Universidad del Pacífico y el Centro de Investigación (CIUP), propone elevar la productividad agraria mediante semillas certificadas, riego tecnificado y la inclusión de debates informados sobre Organismos Vivos Modificados (OVMs); mejorar la focalización de los programas sociales usando criterios basados en evidencia y priorizando a poblaciones en condición de inseguridad severa; y fomentar biohuertos y vales de consumo para promover el autoconsumo en zonas vulnerables. Estas propuestas son fiscalmente viables, con beneficios económicos estimados entre el 2% y el 4% del PBI.

Perú y la FAO han renovado su alianza estratégica, trabajando en el nuevo marco programático 2027-2030 para profundizar resultados y ampliar el alcance de proyectos en beneficio de la población rural y urbana. Las iniciativas clave incluyen “Mano de la Mano”, que busca reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria mediante inversiones focalizadas y alianzas público-privadas, y “Un País, Un Producto Prioritario”, que promueve el desarrollo de productos locales con alto valor nutricional y comercial —como la papa nativa en el caso peruano—, facilitando su acceso a mercados. Además, el gobierno prioriza la ampliación de infraestructura hidráulica: la construcción de represas y sistemas de riego, especialmente en el norte del país, permitirá almacenar agua y reducir la dependencia de las lluvias.

Los analistas proyectan que la inflación cerrará 2026 fuera del rango meta del Banco Central. Macroconsult estima un cierre en 3.7%, mientras que el IPE proyecta 4.1%, y recién hacia finales del primer trimestre de 2027 se espera un retorno al rango meta. La principal amenaza sigue siendo El Niño, aunque su impacto se considera transitorio. Una vez disipados los efectos climáticos, la inflación podría volver gradualmente al rango meta durante el 2027. Sin embargo, las reformas estructurales en el sector agrícola, la reducción de la dependencia externa de fertilizantes y el fortalecimiento de los programas de protección social son necesarios no solo para enfrentar la coyuntura, sino para garantizar la seguridad alimentaria de los peruanos en el largo plazo.

El Perú enfrenta una crisis alimentaria estructural que afecta a más de la mitad de su población. La alta dependencia de fertilizantes importados, la vulnerabilidad a los conflictos geopolíticos, el impacto del cambio climático —agravado por el posible Fenómeno de El Niño— y décadas de políticas fragmentadas han creado una tormenta perfecta que presiona al alza los precios de los alimentos. La inacción tiene un costo altísimo: más niños con anemia, más hogares sin acceso a alimentos nutritivos y una pérdida de productividad que lastra el desarrollo del país. El costo de no actuar es significativamente mayor que el de implementar las reformas necesarias. El Perú no puede permitirse que su rica gastronomía sea solo un privilegio para unos pocos. La seguridad alimentaria es un derecho, no un lujo, y garantizarla requiere un compromiso decidido del Estado, el sector privado y la sociedad civil en su conjunto.

Frente a esta crisis, surge una pregunta fundamental: ¿no deberíamos promover la recuperación de fertilizantes naturales en nuestros agricultores? La respuesta es afirmativa. Los fertilizantes naturales —compost, humus de lombriz, guano de isla, abonos verdes— no solo reducen la dependencia de insumos importados, sino que mejoran la tierra, protegen nuestra salud al eliminar residuos tóxicos, fortalecen la soberanía alimentaria y son más económicos a largo plazo. Desde RED UNIENDO MANOS PERÚ, creemos que el camino hacia la seguridad alimentaria pasa por recuperar las prácticas tradicionales de fertilización natural. ¿No deberíamos fomentar en las ciudades los huertos agroecológicos como expresión de la solidaridad siempre presente en nuestra patria? Los huertos urbanos acortan la cadena de suministro, educan en alimentación saludable, fortalecen el tejido social y mitigan el cambio climático. Son una declaración de principios: podemos producir nuestros propios alimentos, cuidar nuestra salud y construir comunidades más justas. Detrás de esta crisis hay una decisión de país.

El Perú ha sido históricamente un país minero, con un modelo extractivista que enriquece a unos pocos a costa de la destrucción de nuestros ecosistemas. Necesitamos luchar por un gobierno que se preocupe por la buena alimentación de sus pobladores, no por un modelo que prioriza la extracción de recursos por encima de la vida. Esto implica redirigir subsidios a la agricultura familiar, proteger nuestros ecosistemas y garantizar el derecho a la alimentación.

Además, proponemos:

  • Promover la recuperación de fertilizantes naturales mediante programas de capacitación para agricultores en producción de compost, humus y biol.
  • Fomentar huertos agroecológicos en las ciudades con redes de huertos urbanos comunitarios y educación agroecológica en escuelas.
  • Fortalecer las ollas comunes y comedores populares con capacitación en nutrición y articulación con agricultores locales.
  • Exigir políticas públicas orientadas a la vida, priorizando la seguridad alimentaria y la agroecología por encima de intereses extractivistas.

La alternativa orgánica no es solo posible; es necesaria. Recuperar los fertilizantes naturales, fomentar los huertos agroecológicos en las ciudades y luchar por un gobierno que priorice la alimentación de sus pobladores son pasos indispensables para construir un Perú donde la comida llegue a todas las mesas y donde la salud y la vida estén por encima de la minería y el extractivismo.

Desde RED UNIENDO MANOS PERÚ, seguiremos trabajando para unir esfuerzos, promover la agroecología y exigir políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación. Porque la solidaridad siempre ha estado presente en nuestra patria, y es momento de ponerla al servicio de la vida.

Cristina Polastri

¿Por qué el posible Súper Niño 2026-2027 podría encarecer los alimentos y provocar escasez?

El cambio climático dejó de ser una amenaza futura para convertirse en un desafío del presente. Ante los pronósticos de un posible Súper Niño 2026 – 2027, la preocupación va más allá de las variaciones del clima, ahora nos enfrentamos a una alerta directa sobre la seguridad alimentaria y la economía de millones de familias en el Perú.

Cuando las condiciones climáticas se vuelven extremas, la estabilidad de nuestros mercados se quiebra. En esta infografía, de elaboración propia, analizamos cómo la combinación de sequías prolongadas y lluvias torrenciales genera una peligrosa reacción en cadena que interrumpe la producción agrícola, colapsa el transporte en regiones vulnerables como Piura y empuja al alza los precios de la canasta básica familiar.

A continuación, te invitamos a revisar y compartir la infografía detallada:

ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS SORDOS/AS COMO UN ESPACIO DE ESPERANZA

La humanidad necesita aprender a ser inclusiva en muchos niveles. Algunas sociedades han avanzado bastante en éste campo, otras lamentablemente no.

Perú es un país donde el proceso avanza muy lento y con mucha resistencia e incluso indiferencia en varios espacios sociales. Sólo las personas que son excluidas socialmente por alguna razón, entienden y cambian mucho más rápido en sus esquemas de comportamiento hacia la exclusión.

Cuando un niño o niña nace -o se vislumbra en el tiempo- con alguna irregularidad, resulta difícil incluso a sus familias aceptar las diferencias y deben vivir todo un proceso de aprendizaje, aceptación y cambio en el hogar.

En ésta oportunidad quiero contarles mi experiencia con la Escuela de niños y niñas sordos/as Charles-Michel de l’Épée de Nueva Cajamarca (Moyobamba – San Martín) a la cual tuvimos la oportunidad de conocer en un hermoso viaje a dicha región, que me dejó marcado en muchos aspectos que explicaré posteriormente.

Éste proyecto nace por iniciativa de una ONG socia de la Red Uniendo Manos Perú llamada Paz y Esperanza. Dicha institución fue viendo en el caminar de su trabajo que en varias comunidades, asentamientos humanos y zonas de esa región había muchos niños y niñas sordos/as. El fenómeno llamó la atención y Paz y Esperanza decidió hacer un proyecto para unificar a dichos niños y niñas y enseñar el uso del lenguaje de señas tanto a ellos y ellas, como a sus padres e integrantes de la familia.

Niños, niñas y maestras de la escuela Charles-Michel de l’Épée en Nueva Cajamarca, Moyobamba, San Martín.
Foto: Kathleen Gallardo

Posteriormente, la institución tramitó la donación por parte del Estado de una propiedad en Nueva Cajamarca – Moyobamba, San Martín, la cual ha tenido el beneficio de diversos apoyos que han permitido la construcción de tres salones y un pequeño auditorio techado al aire libre realizado con grupos de corto alcance de la PCUSA y apoyo financiero de otras instituciones.

Cuarenta niños y niñas han aprendido a comunicarse en el lenguaje de señas y han formado una hermosa comunidad de diferentes edades que se sienten felices de encontrarse en un espacio de igualdad y donde todos y todas han creado fuertes lazos familiares sin tener los mismos vínculos de sangre.

Me comenzaron a surgir varias preguntas:

¿Por qué en una misma región hay tantos niños y niñas con el mismo problema?

Me contaron que lamentablemente no se ha podido hacer un estudio médico, que requeriría muchos y diversos análisis; pero se sospecha por el uso excesivo de pesticidas, plaguicidas y agroquímicos usados en toda la región, los cuáles han contaminado tierra, aire y agua por años.

¿Cuándo comenzó a manifestarse el nacimiento de niños y niñas con ésta característica?

Los jóvenes mayores que identificaron en la región con sordera y participan de la Escuela tiene un promedio de 22 a 25 años. Hay un mayor número de adolescentes (14 a 18 años) y un grupo menor de menores de 14 años.

¿Qué les enseñan o aprenden en la Escuela Estatal?

En el Perú es obligatorio que todo niño y niña estudie en una Escuela o Colegio del Estado (inicial de 4 y 5 años, Primaria de 6 a 11 años y Secundaria de 12 a 17 años aproximadamente); pero lamentablemente, los centros de formación estatal no consideran si un niño o niña es sordo/a, mudo/a, ciego/a o posee alguna limitación funcional que limite su aprendizaje. Para decirlo de manera grave: O caminan al ritmo de todo el estudiantado o los padres ven cómo hacen para que aprenda. ¿Cómo va a aprender un niño o niña sordo/a un curso si su profesor no utiliza el lenguaje de señas, o ni siquiera le interesa la limitación funcional de ese alumno/a?. Muchos profesores optan por hacerles pasar de año por lástima, a veces buscan un acuerdo padres-docentes y los colegios prefieren hacerlos pasar de año para evitar que repitan y se conviertan en estudiantes eternos. Para los niños y niñas sordos/as, muchas veces pasar tantos años en los colegios se convertía en un aprendizaje inexistente.

¿Qué enseña entonces la Escuela de niños y niñas sordos/as Charles-Michel de l’Épée?

La Escuela Charles-Michel de l’Épée anhela tener algún día el reconocimiento del Estado peruano para cumplir con los contenidos temáticos que exige la educación peruana en diferentes niveles. Por ahora, lo que hacen los y las profesores voluntarios/as de la Escuela es: 1. Enseñar a los niños y niñas y sus familias el lenguaje de señas. 2. Contribuir de manera mínima el desarrollo de sus tareas del colegio, explicado en lenguaje de señas para que puedan comprender lo que sus profesores en el colegio Estatal les enseñan. Muchos niños y niñas poseen grandes capacidades de aprendizaje, pero los colegios del Estado no les abren las puertas del saber. En tres niveles, la Escuela Charles-Michel de l’Épée agrupa a los niños y niñas y tratan de guiar el aprendizaje que les brindan en sus colegios estatales.

¿Quién les enseña en la Escuela Charles-Michel de l’Épée?

En el proceso de formación inicial de la Escuela Charles-Michel de l’Épée, Paz y Esperanza contrató un personal para enseñar el uso y manejo del lenguaje de señas. Hoy, algunas madres que aprendieron dicho lenguaje ayudan como voluntarias, dando clases a los niños y niñas. También Paz y Esperanza ha logrado conseguir el apoyo de voluntarios y voluntarias de la Unión Europea que colaboran por algunos meses.

Realmente aquí hay mucho trabajo por hacer.

  • Se debe trabajar a nivel legal para que más colegios como la Escuela Charles-Michel de l’Épée tengan los permisos de enseñanza de la currícula escolar obligatoria por el Estado.
  • Docentes especializados con aval del Estado para la docencia a niños/as sordos/as.
  • Construir una mayor y mejor infraestructura en la Escuela Charles-Michel de l’Épée.
  • Hacer estudios biológicos del porqué en esa región ocurre ese fenómeno de tantos niños y niñas con esa limitación funcional y que aún persiste dando nacimiento a nuevos niños y niñas sordos/as.
  • Seguir luchando por una inclusión real en todo el Perú.
  • Entre otras acciones.

Escrito por: Rev. Eduardo Arboccó – Director Ejecutivo de la Red Uniendo Manos Perú

Pd.- Sus oraciones por ésta iniciativa de Paz y Esperanza. Comuníquese con nosotros para derivar su apoyo directamente al proyecto. Recordemos que éste tipo de limitación funcional forma parte de nuestra labor diaconal. Jesús sana a un sordo en Marcos 7:31-37; por otro lado, Isaías 35:5-6 y Levítico 19:14 pone ésta condición en la opción de Dios por quienes más padecen en una sociedad de pecado.

Eduardo Arboccó Gallardo

Escrito por

Eduardo Arboccó Gallardo

¿Existe una Relación entre fe, memoria y reconciliación?

La fe no es solo adhesión a un conjunto de creencias, esta es una experiencia viva que se construye en comunidad y va a través del tiempo. Dentro de esa experiencia, la memoria va a ocupar un lugar central y único. El recordar no es un ejercicio nostálgico, sino un acto espiritual que da sentido al presente y nos orienta para nuestro futuro.

La memoria, implica reconocer la historia personal y colectiva: las alegrías, las heridas, los errores y las oportunidades de crecimiento. No se trata de estancarnos o permanecer anclados en el pasado, sino de comprenderlo para transformarlo, es ahí donde se desarrollan los cambios.

La reconciliación, por su parte, constituye uno de los pilares fundamentales de la vivencia. Reconciliar significa restaurar aquellos vínculos rotos, estos pueden ser con Dios, con los demás y con uno mismo. Sin embargo, esta restauración no puede darse desde el olvido o la negación. La reconciliación auténtica exige verdad, reconocimiento del daño y disposición al cambio.

Es aquí donde memoria y reconciliación se entrelazan profundamente. No es posible sanar aquello que no se reconoce, ni reconstruir relaciones sin asumir lo ocurrido. La memoria permite identificar las fracturas, esto da paso a la reconciliación aquella ofrece el camino para repararlas.

En el ámbito personal, esta dinámica se manifiesta cuando el creyente revisa su historia, reconoce sus fallas y busca restablecer relaciones dañadas. En el plano comunitario, la memoria compartida fortalece la identidad y evita que las heridas se conviertan en resentimientos ocultos. Recordar con honestidad es un acto de humildad; reconciliarse es un acto de esperanza.

Desde esta perspectiva, la fe no promueve el olvido como solución. Promueve una memoria transformada por el amor, capaz de convertir la experiencia del error en aprendizaje y la herida en oportunidad de encuentro. La reconciliación no borra el pasado, pero lo resignifica.

En definitiva, la memoria ofrece conciencia; la reconciliación, restauración; y la fe y la espiritualidad, el horizonte que hace posible ambas. Juntas, constituyen un camino de madurez espiritual y de construcción con los demás.

La fe y la espiritualidad invitan a una mirada honesta hacia la propia historia. No para juzgarse con dureza, sino para comprender el proceso personal de crecimiento. La memoria, en este sentido, se convierte en conciencia, ya que nos permite reconocer límites, valorar aprendizajes y descubrir cómo cada experiencia ha moldeado la identidad espiritual.

Desde esa comprensión surge la reconciliación como decisión libre y madura. No es un acto automático ni un simple sentimiento, sino una disposición interior que integra pasado y presente sin negarlos. La fe y la espiritualidad ofrecen la oportunidad, esa que hace posible la integración, aceptar la historia, asumirla y proyectarla hacia una vida más coherente.

De este modo, la reconciliación no elimina lo vivido, lo transforma en punto de partida para una espiritualidad más consciente y auténtica.

SEGUNDO CONCURSO NACIONAL “INICIATIVAS CIUDADANAS POR LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA”

Las problemáticas que nos convocan a organizar este segundo concurso son: En 2020, el Ministerio de Salud del Perú informó que alrededor del 31.15% de la población nacional, aproximadamente 10.1 millones de habitantes, están expuestos a metales pesados y sustancias químicas. En 2018, más del 80% de las personas expuestas eran niños de 0 a 11 años. 

Como sabemos, en las ciudades de nuestro país, la contaminación atmosférica es un grave problema  y tiene múltiples consecuencias para la salud de la población. Además, debido a su geografía y diversidad climática, Perú es considerado el tercer país más vulnerable al cambio climático a nivel mundial, lo que requiere la acción de gobiernos y ciudadanos para hacer frente a esta situación. Por ello, es imprescindible que los gobiernos locales, regionales y nacionales tomen acciones de prevención, mitigación y atención de los impactos del cambio climático.

Extendemos una invitación a todas las organizaciones comprometidas con la sociedad civil en general, así como a las organizaciones afiliadas a la Plataforma Nacional de Afectados Por Metales, Metaloides y Sustancias Tóxicas del Perú, a unirse y participar en nuestro SEGUNDO CONCURSO NACIONAL “INICIATIVAS CIUDADANAS POR LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA”.

El jurado calificador pondrá especial interés en tres menciones:

  • A. Iniciativas en favor de la prevención, mitigación y atención de la contaminación por metales, metaloides y otras sustancias tóxicas en la salud humana y sus impactos
  • B. Iniciativas ciudadanas de acción frente al cambio climático y la contaminación atmosférica.
  • C. Piezas artísticas para la sensibilización ambiental.

PREMIOS (tres menciones):
-2 premios para la ejecución de iniciativas de la mención A: hasta dos mil quinientos soles (S/ 2500).
-2 premios para la ejecución de iniciativas de la mención B: hasta dos mil -quinientos soles (S/ 2500).
-1 premio para la ejecución de iniciativas de la mención C: hasta dos mil quinientos soles (S/ 2500).

Para participar, sigue estos pasos:

Las iniciativas concertadas se deberán presentar en los formatos establecidos en en las BASES DEL CONCURSO enviadas en los plazos establecidos a alguna de las siguientes direcciones:
• Jr. Daniel Carrión 844 – B, Magdalena del Mar, Lima y/o
• Por correo electrónico a: manos@manosperu.org.pe

Adicionalmente, para una mejor coordinación, la comunicación directa con los participantes se dará a través del siguiente grupo de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/D9mLyJxgElMEGviDPoI9Ma

PARA MÁS INFORMACIÓN O CONSULTAS, puedes contactarnos a través de los siguientes correos electrónicos: comunica@manosperu.org.pe o mrojas@manosperu.org.pe.